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El pedido de Estados Unidos para terminar con el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas golpea de lleno el ámbito que la Argentina eligió desde 1988 para sostener su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, y expone la primera diferencia diplomática relevante entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump en la ONU.
Durante casi cuatro décadas, la Argentina priorizó llevar su reclamo a ese comité y no al pleno de la Asamblea General, en línea con lo negociado con el Reino Unido al restablecer las relaciones bilaterales en 1990. Todos los gobiernos participaron de sus reuniones por entender que es el ámbito adecuado para lograr que Londres acepte sentarse a negociar. De los 17 territorios no autónomos que trata el comité, diez están administrados por el Reino Unido, que ya en el pasado acompañó iniciativas para ponerle fin a un foro que le resulta incómodo.
Según el documento oficial de la ONU, la representante estadounidense, Tammy Bruce, pidió que se termine el mandato del organismo porque «sobrevivió a su propósito original», y calificó algunas de sus actividades como «un despilfarro de recursos».
La Argentina no acompañará el pedido y, con cautela por la cercanía ideológica entre Milei y Trump, buscará tomar distancia de la posición norteamericana. Se espera que el canciller Pablo Quirno le transmita la disconformidad del Gobierno a Christopher Landau, el número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado, a quien recibirá este jueves en Buenos Aires. En la Casa Rosada, sin embargo, buscaron restarle importancia al planteo.
En los hechos, es prácticamente imposible que el comité desaparezca. Para eso, la Asamblea General tendría que no renovar su mandato anual, y Estados Unidos necesitaría una mayoría simple en contra. En esa instancia no existe el veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y los países africanos y caribeños tienen la tradición histórica de sostener el comité. Por eso, en Washington podrían conformarse con criticarlo y dejarlo sin margen de acción, en línea con los reiterados cuestionamientos de Trump a la burocracia de la ONU.
El episodio se suma a otro roce reciente: la presión de Estados Unidos para que la Ley Malvinas, que endurece las sanciones a las empresas que operan en las islas, no afecte a compañías de ese país, un proyecto cuyo tratamiento en Diputados quedó frenado.
