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El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al régimen simplificado de ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, según consta en los registros públicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La petición fue presentada en las últimas horas; Angeletti lo hizo ayer y Adorni esta mañana, justo cuando estaba previsto que el funcionario del gobierno de Milei enviara su esperada declaración jurada patrimonial a la Oficina Anticorrupción. Con este trámite, Adorni busca esclarecer las dudas surgidas sobre el aumento de su patrimonio durante el último año, periodo en el que compró y refaccionó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, propiedades que están bajo la lupa de la Justicia.
Según la información disponible en el sitio de ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias es una modalidad nueva para declarar y pagar impuestos, dirigida a personas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Desde el organismo explican: “La idea central es simple: menos trámites y reglas claras para saber exactamente a qué atenerse”. Además, aclaran que “no es un blanqueo ni una amnistía. Es un cambio de paradigma: se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”.
La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada en el Congreso Nacional en diciembre pasado y el oficialismo planteó la posibilidad de que los funcionarios puedan acogerse a este régimen, tal como ocurrió este miércoles con Adorni.
Respecto a si esta presentación modifica la situación judicial de Adorni, quien está siendo investigado por el rápido crecimiento de su patrimonio en los tribunales federales, fuentes judiciales señalaron que el fiscal Gerardo Pollicita, encargado de la investigación delegada por el juez Ariel Lijo, deberá primero verificar la información declarada por Adorni en ARCA. Posteriormente, analizará la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal para determinar si se cumplen las condiciones objetivas que la norma establece para excluir la investigación penal.
Durante el debate parlamentario de la ley en diciembre, el diputado opositor y especialista en temas tributarios, Guillermo Michel, afirmó que la norma “no es un blanqueo” y, por lo tanto, no implica beneficios penales para los contribuyentes.
