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Mendoza: la Suprema Corte habilitó a su secretaria a seguir cobrando $406.000

Por ley el personal con haberes equiparados a los de magistrados perdía el beneficio. No así quienes son secretarios de jueces de la Suprema Corte de Mendoza.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, impulsó en marzo una ley para eliminar la equiparación de salarios en el Estado y logró que fuera aprobada. En vistas de esa norma los secretarios del Poder Judicial cuyos haberes estaban igualados con los de los jueces perderían el beneficio, a excepció de aquellos funcionarios que dependieran de magistrados que fueron nombrados por ley, como ocurre con los miembros de la Suprema Corte de esa provincia.

Así es como el viernes 16 de octubre dos de los tres jueces de la Sala II de la Suprema Corte de Mendoza, Omar Palermo y Mario Adaro votaron a favor de una medida cautelar requerida por 22 funcionarios cuyos salarios están equiparados con los suyos. Por eso, por ejemplo, la secretaria del máximo tribunal de Mendoza, Elizabeth María Carbajal, seguirá cobrando $406.000 a la par de los magistrados, informó el sitio Diario Uno.
Mendoza: Suárez impulsó una ley, pero la Suprema Corte no la avaló

El juez José Valerio, tercer integrante de la Sala II, votó en disidencia al entender que “la ilegitimidad del acto legislativo cuestionado, cuya dilucidación exige una instancia con amplitud de debate y prueba, que exceden del conocimiento provisorio de una precautoria” en referencia a la aprobación de la Ley 9230 impulsada por Suárez en marzo.

Valerio rescató que “tampoco se ha probado, ni sumariamente, que su cumplimiento ocasione un perjuicio irreparable a los derechos constitucionales que la peticionante denuncia como conculcados, ello toda vez que, en su caso, los mismos pueden ser objeto de indemnización o de restitución”.

Sin embargo, los jueces Palermo y Adaro resolvieron que “resulta prudente y aconsejable disponer cautelarmente ordenar al Gobierno de la Provincia que, a través de sus dependencias competentes en la materia, se abstenga de emitir acto o medida que de modo alguno altere la actual situación de revista o el modo en que se liquidan y abonan los haberes de la accionante hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos”.

Como los jueces de la Sala II de la Suprema Corte de Mendoza admitieron la nulidad de la ley 9230 en el caso de los 22 funcionarios aludidos “hasta tanto se dicte sentencia definitiva” la discusión podría alcanzar al pleno del máximo tribunal, que está formado por siete magistrados, e incluso podría llegar a la Corte Suprema.

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