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Asociada a la YPF de la era Macri, se quedó con activos de Oil Combustibles a un valor muy inferior al real. Más tarde se benefició con trato preferencial. El rol del prófugo Pepín Rodríguez Simón y el abogado Marcelo Rufino.
En el marco de la estrategia de asfixia financiera para llevar a la quiebra al Grupo Indalo, el gobierno de Mauricio Macri empleó a la petrolera estatal YPF para quedarse a precio vil con los activos de Oil Combustibles en conjunto con DAPSA. Dos piezas clave de ese accionar fueron el operador judicial macrista, hoy prófugo en Uruguay, Pepín Rodríguez Simón, y el abogado Marcelo Rufino, quien cobró una tajada millonaria.
En octubre de 2018, la empresa estatal YPF y DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo SA) se quedaron con los principales activos de Oil Combustibles, la compañía que pertenecía al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa. El monto de esa operación fue de tan solo u$s85 millones por toda su red de estaciones de servicio, la refinería de San Lorenzo (Gran Rosario), y el sistema logístico con el que se despachaba combustible.
El juez en lo comercial Javier Cosentino, que llevó el proceso de quiebra de Oil Combustibles, jugó también un papel central al determinar la prioridad en la operación a favor de YPF-DAPSA, que en un primer momento había ofrecido incluso un monto de casi la mitad del valor final, en una puja con la holandesa Trafigura. Al igual que el monto, el magistrado cedió al tándem argentino los activos.
Posteriormente, el 21 de diciembre de 2018, Delta Patagonia S.A. acordó con YPF la compra de 124 estaciones de servicio y agroservicios en unas 17 provincias, activos que pertenecían a Oil Combustibles. Si bien la bandera comercial para los surtidores era Gulf, la transacción incluyó un entendimiento de suministro de la petrolera estatal para abastecer a la red. Los contratos resultaron onerosos para la propia YPF, pero beneficiosos para Delta y DAPSA.
Es que esa operación concretada a solo dos meses de despojar a Oil de sus activos, incluyó que YPF proveería combustibles a la red a un valor que proyectado en los años tenía una tasa de retorno increíblemente beneficiosa para los privados.
Antes de esa operación, la facturación de DAPSA era de unos $4.000 millones. Un año después se elevaba a $25.000 millones gracias a los contratos beneficiosos y el trato preferencial que logró en su asociación con la YPF macrista.
El rol del abogado Marcelo Rufino
Ahora la Justicia pone la lupa sobre un proceso denunciado como irregular por los abogados que representan a Cristóbal López y Fabián De Sousa, mientras se liquidaban los activos y sus accionistas estaban en prisión preventiva.
Según surge de la presentación de los querellantes, representados por los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, el asesor Rufino habría desarrollado su carrera en el Poder Judicial de manera paralela con el juez Cosentino, firmante de la quiebra, cuyo levantamiento fue dispuesto días atrás por una jueza luego de que el 100% de los acreedores aceptaron las propuestas de pago de la deuda.
Para los abogados resulta de vital importancia indagar sobre las verdaderas funciones que el abogado Rufino cumplió en la petrolera estatal y cuál fue su participación en la compra de los activos de Oil, que previo paso por YPF, terminaron en poder de Delta y DAPSA.
La jueza requirió al Presidente de YPF S.A. que, “a la mayor brevedad posible, acompañe todas las constancias que den cuenta de la contratación de Marcelo Rufino por parte de la empresa, tales como facturas de cobro de honorarios, y toda otra documentación que permita ilustrar respecto de los servicios prestados por el nombrado, tareas encomendadas y órdenes que le fueran impartidas”.
Rufino habría cobrado como asesor legal externo unos u$s500 dólares la hora, una cifra varias veces superior que la de otros profesionales para la misma tarea.
También pidió que remita toda documentación existente sobre la adquisición de la red de estaciones de servicio de Oil Combustibles S.A. por parte de YPF S.A. en sociedad con “DAPSA” y su posterior traspaso a las firmas “DAPSA” y “Delta Patagonia”.
